"Rechazo frontalmente la sentencia que me ha
sido notificada en el día de hoy.
Lo hago por entender que no se ajusta a derecho, que
me condena de forma injusta y predeterminada.
He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico,
los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho con la ley en la
mano y en unión de fiscales, jueces y policía. En este trabajo, siempre he
cumplido con rigor las normas, he defendido los derechos de los justiciables y
de las víctimas en situaciones muy adversas.
Ahora y a lo largo de este procedimiento, mis
derechos han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa
desatendidas, el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo
contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban, para,
con ello, poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace
meses.
Mi actuación en el denominado caso Gürtel, se ajustó
a la ley y en su desarrollo, tomé todas las medidas para garantizar el derecho
de defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la
corrupción, partiendo de los contundentes indicios y para evitar la continuidad
delictiva de blanqueo de dinero de los jefes mafiosos que utilizaban, como ya
lo habían hecho antes, a los abogados designados.
Se me ha impedido aportar las pruebas que lo
demostraban y se ha prescindido de la implicación y participación de abogados
en la trama.
La afirmación que se contiene en la sentencia para
justificar el supuesto dolo de que “la inclusión de la cláusula previniendo el
derecho de defensa dejando a un lado su efectividad, revela que sabía que su
resolución afectaba a este derecho” es una aberración que contradice todo el
sentido de la misma y se utiliza para eliminar la base de mi absolución. La
sentencia no dice en ningún momento cual es el daño producido en el derecho de
defensa y no lo dice sencillamente porque no existe. Lo inventa. Así mismo
falta a la verdad cuando se dice que no se ejecutó la medida de salvaguardar
dicho derecho, cuando personalmente me cuide de garantizarlo y así lo avalan
las pruebas practicadas e ignoradas por el tribunal.
Esta sentencia, sin razón jurídica para ello ni
pruebas que la sustenten, elimina toda posibilidad para investigar la
corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye
gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la
independencia de los jueces en España.
Acudiré a las vías legales que correspondan para
combatir esta sentencia y ejerceré todas las acciones que sean pertinentes para
tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han
cometido.
Madrid a 9 de febrero de 2012
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